Realizan en la Cámara de Diputados el foro “Hoja de ruta hacia un Presupuesto más incluyente”
La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada Elizabeth Martínez Álvarez (PAN), llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro el foro “Hoja de ruta hacia un Presupuesto más incluyente”, a fin de que expertos y activistas emitan su opinión respecto a la asignación de recursos dentro del PEF 2025.
La diputada Martínez Álvarez señaló que la intención es lograr un Presupuesto incluyente, para lo cual las voces de todas y todos ayudan a sumar y que el recurso contemple la mayoría de las vertientes posibles en pro de la niñez, mediante el Anexo 18 para programas destinados a los más de 35 millones de niñas, niños y adolescentes, quienes representan el 31 por ciento de la población general.
Subrayó que los números y acciones plasmados en el PEF 2025 obligan a reflexionar sobre el rumbo que se está tomando, aunado a que el INEGI reporta un incremento en la mortalidad infantil atribuible a enfermedades prevenibles y afecciones relacionadas al periodo perinatal.
“A pesar de las necesidades evidentes, el gasto público para la niñez equivale apenas al 1.3 por ciento del PIB, muy por debajo de países con economías similares, lo que refleja una brecha entre el discurso de priorización y las acciones concretas”, subrayó.
De Morena, la diputada Karina Isabel Martínez Montaño aseguró que hay un gran compromiso por la niñez y la adolescencia, por lo que escuchará las propuestas de quienes dedican su trabajo mediante programas para satisfacer sus necesidades primordiales.
La diputada del PRI, Ofelia Socorro Jasso Nieto, dijo que es de vital importancia nutrir este foro con valiosas aportaciones para la opinión del Anexo 18 del PEF, ya que la actual propuesta contradice el principio de progresividad en los derechos humanos y representa un retroceso en los servicios de salud para la infancia.
La diputada María de Fátima García León, de MC, puntualizó la necesidad de otorgar mayores recursos para atender las necesidades y demandas de la niñez mexicana, especialmente las provenientes de los grupos más vulnerables como es el caso de las niñas y niños indígenas, quienes viven en zonas rurales, tienen alguna discapacidad o son víctimas de alguna enfermedad crónica.
La diputada Diana Karina Barreras Samaniego (PT) destacó la relevancia de crear políticas públicas para evitar los abusos sexuales, el maltrato y la trata a esta población. Subrayó que invertir en la infancia es invertir en un tema de justicia social.
Participación de activistas y expertos
Arianna González, oficial de Políticas Sociales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF México), advirtió que, aunque este Presupuesto trae un incremento en el programa de Becas y Universidades para el Bienestar es a costa de reducciones a programas importantes como el de Educación Inicial y Básica Comunitaria, Desarrollo Profesional Docente y la Escuela es Nuestra.
La representante de la Asociación Civil Rehilete, Mónica Herrerías Domínguez, subrayó que el tema de niñez es fundamental frente a todo. Advirtió de las condiciones que prevalecen en las fiscalías, donde no hay espacios dignos para que los menores puedan hacer su denuncia, carecen de personal capacitado y hasta de presupuesto para un lunch.
La especialista de ChildFund México, Yil Felipe Wood, aseveró que hay una incongruencia total en el gasto para temas de niñez dentro del PEF 2025 pues se priorizan recortes en sectores clave como salud, educación, cultura, primera infancia y medio ambiente.
José Luis Rey Aguilar, director de la Asociación de los Derechos de la Infancia, resaltó el tema de la prevención en todos los ámbitos, como el médico, educativo, incluso el económico en beneficio de la niñez mexicana.
Nancy Ramírez Hernández, directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children, expuso que si se considera la inflación no se observa la progresividad que mandatan los derechos humanos en materia de niñas, niños y adolescentes. Además, el gasto programable para esta población va a la baja, lo que refleja que no se le da la prioridad necesaria.
Kelsel Jesús Reymundo Eusebio, consejal de la Alcaldía Gustavo A. Madero, apuntó que en la proyección del Presupuesto de Egresos hay disminuciones que atentan contra las infancias, como en lo relativo al tratamiento contra el cáncer y el programa de vacunación, lo que es preocupante.
Guillermo Valdés García, de Fundación Teletón, resaltó la relevancia de incluir y escuchar directamente a niñas, niños y adolescentes con discapacidad en los procesos de toma de decisiones para que no sean solo la autoridad y las fundaciones los de la voz.
Emilio Maus Ratz, de la Fundación Freedom, dijo que no existe un solo rubro en todo el PEF que aborde la prevención de la violencia sexual infantil, lo que debe ser atendido con urgencia, a pesar de que otros delitos sí son contemplados. Añadió que se requieren recursos suficientes para un Fondo de Atención a Víctimas.
Damaris Sosa de Antuñano, de Pacto por la Primera Infancia, recomendó modificaciones a los programas de Expansión de Educación Inicial, de Educación Inicial Básica y Comunitaria, de Vacunación Universal, así como el de Asistencia Social y el de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, entre otros.
La directora de Bucker México, Lizbeth Santiago, comentó que existen estadísticas y datos de infantes carentes de cuidados parentales, por lo que se debe poner atención a este tema pues ayudará a que más niñas, niños y adolescentes logren tener una familia.
Malcom Aquiles Pérez, de World Vision México, externó su preocupación por el programa para sobrepeso, obesidad y diabetes, pues es un grave problema con un costo al corto, mediano y largo plazo.
Gabriela Escobar del Razo, de ADIVAC, puntualizó que la violencia sexual que viven niñas, niños y adolescentes ha ido en aumento y que no es lógico que haya un decremento en los recursos para garantizar los derechos de los infantes.
De la Red por los Derechos de la Infancia, Mónica Miguel Muñoz Olmedo, consideró que el mínimo de incremento que deberían tener cada uno de los programas del Anexo 18 es el 3.3 por ciento, en lugar de reducciones.
Rosario Alfaro Martínez, de Afectividad y Sexualidad A.C., enfatizó que hay un retorno de 14 pesos por cada peso que se invierte en la primera infancia. Urgió a inyectarle recursos a la formación del personal de la Procuraduría y la Fiscalía de Protección a la Niñez.
Por último, la presidenta de la Comisión planteó realizar un foro de consulta infantil donde menores platiquen desde su perspectiva cómo salieron de las problemáticas que hayan enfrentado; “será valioso escucharles”.
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